El jueves 14 de noviembre de 2024, Luana llegó poco antes de las 7.30 a la Escuela Normal Dr. Eduardo Casanova, de Tilcara, en Jujuy. Tenía 15 años y cursaba tercer año del secundario. En las semanas anteriores había atravesado cuatro intentos de suicidio. Estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y su mamá, Laura Mamani, había advertido varias veces a las autoridades escolares sobre el bullying que sufría por parte de compañeros.
Esa mañana participó del izamiento de la bandera. Cuando los demás estudiantes empezaron a ir hacia las aulas, Luana se encerró en un baño a llorar. Otras alumnas la vieron. Poco después salió sola del colegio. Una compañera se la cruzó en la calle, la notó mal y Luana le dijo que se iba a su casa.
Pero no fue a su casa.
“Me llamó una amiga llorando. Me mandó un audio de Luana donde se estaba despidiendo”, recuerda Laura. Fue a la escuela y después a la Policía mientras comenzaba a buscarla. Esa mañana su hija mayor se suicidó a pocas cuadras del colegio, cerca del Río Grande.
Luana había sido abanderada en la primaria, estudiaba inglés y estaba a punto de recibirse como maestra elemental de danzas folclóricas. Su mamá la recuerda alegre, sociable y aplicada. Pero en los meses anteriores algo había cambiado. Laura denuncia que el hostigamiento que sufría no terminaba en el aula: continuaba a través del celular. “Para ella era una bomba en las manos”, dice.
El día anterior a su muerte, Luana había querido volver a clases después de una internación psiquiátrica. Su madre había pedido que los docentes conocieran la delicada situación que atravesaba. Sin embargo, varios no estaban al tanto.
“Yo lloraba en dirección. El preceptor me dijo: ‘Acá no están preparados para acompañarla’”, reconstruye Laura.
Después de la muerte de Luana, otras familias de Jujuy comenzaron a hacer públicas situaciones de bullying, autolesiones e intentos de suicidio frente a las cuales denunciaban respuestas institucionales insuficientes. Detrás de esas historias aparecía una pregunta que excedía a Tilcara: cuando un chico empieza a mostrar que algo no está bien en su salud mental, ¿con qué recursos cuenta su escuela para verlo, escucharlo y acompañarlo?
Laura Mamani, la mamá de Luana, se quiebra al recordar los últimos meses de su hija. Semanas antes de morir, su hija atravesó un intento de suicidio dentro de la escuela sin que, según cuenta, la institución advirtiera lo ocurrido.
Luana de pequeña, durante una celebración, vestida con un traje tradicional. Años después estudió danza folclórica y estaba a punto de recibirse como maestra elemental.
Una pulsera de Luana, una de las pertenencias que su mamá guarda en su casa de Tilcara junto con fotos, cuadernos y otros recuerdos.
La brecha en los recursos
En las escuelas primarias y secundarias de educación común de la Argentina se registran 13.168 cargos correspondientes a cuatro perfiles vinculados con los equipos de orientación escolar —psicólogos, psicopedagogos, trabajadores o asistentes sociales y asesores pedagógicos— para 8.672.298 estudiantes.
Son 15,2 cargos cada 10.000 alumnos, según datos oficiales del Relevamiento Anual 2025 de la Secretaría de Educación de la Nación obtenidos por LA NACION a través de pedidos de acceso a la información pública.
Si el foco se pone solo en la asistencia psicológica, la disponibilidad se reduce a 3,2 cargos cada 10.000 alumnos: 2778 cargos en total.
La diferencia según el tipo de gestión es marcada. En la educación privada hay 7 cargos de psicología cada 10.000 estudiantes; en la estatal, apenas 1,7. Al sumar los cuatro perfiles analizados, la relación es de 20,2 cargos en la privada contra 13,2 en la estatal.
Hay otra manera de dimensionarlo. Si cada uno de los 2778 cargos de psicología se asignara a una de las 36.326 escuelas primarias y secundarias del país, alcanzarían como máximo para el 7,6% de los establecimientos.
Para Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional y director del Observatorio de la Convivencia Escolar del Centro de Investigaciones Cuyo-Conicet, el panorama revela una “dotación baja y extraordinariamente desigual”, especialmente en psicología.
Contar cargos, advierte, muestra solo una parte del problema: también importa dónde están los profesionales, cuántas escuelas atienden, con qué frecuencia pueden llegar y cuánto tiempo tienen disponible para trabajar antes de que aparezca una urgencia.
Una demanda que crece
La crisis de salud mental de niños, niñas y adolescentes se volvió una escena cotidiana en consultorios y hospitales públicos y privados de todo el país. Desde la pospandemia, LA NACION viene relevando un mismo diagnóstico entre profesionales de distintas provincias: un aumento sostenido de las consultas por depresión, ansiedad, autolesiones, intentos de suicidio y trastornos de la conducta alimentaria; un incremento de las internaciones por motivos de salud mental; y escasez de psiquiatras infantojuveniles y demoras de meses para acceder a determinados tratamientos.
Los especialistas también describen chicos que llegan a la consulta a edades cada vez más tempranas y, muchas veces, con cuadros más graves.
En 2025 se registraron 5209 suicidios en la Argentina, la cifra más alta de los últimos nueve años y un 22,6% superior a la de 2024, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Entre las personas de 15 a 34 años, el suicidio desplazó a los incidentes viales como principal causa de muerte. Entre los 10 y los 19 años, el último desglose disponible contabilizó 377 muertes en 2024: más de una por día.
“La prevención es lo que peor tenemos a nivel país. Somos reactivos absolutamente”, sintetiza Castro Santander.
Marcos Vazini, referente de la asociación civil Escenarios Saludables, encuentra una dinámica similar en las escuelas que recorre para brindar talleres sobre prevención del suicidio: muchas instituciones los contactan por primera vez después de que ya ocurrió una situación grave. Pasada la urgencia, dice, la prevención suele volver a perder continuidad.
“Cuando llegamos a una escuela nueva suele ser porque los alumnos pidieron hablar del tema o porque ya pasó algo grave, como un suicidio. Después, muchas veces, las escuelas se olvidan hasta que vuelve a ocurrir otra situación”.
Qué exige la ley
La Ley de Educación Nacional 26.206 establece obligaciones concretas para asegurar el acceso de los estudiantes a apoyo psicológico, psicopedagógico y médico. Para el secundario, dispone que las jurisdicciones deben “garantizar” esa atención mediante “gabinetes interdisciplinarios en las escuelas” y la articulación con otras áreas del Estado.
Para primaria no existe una disposición equivalente. Sin embargo, la misma ley establece para las instituciones educativas de todos los niveles la necesidad de articular con otras áreas para asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y médicos.
En 2014, el Consejo Federal de Educación fijó, además, pautas para que los equipos de apoyo y orientación acompañen las trayectorias educativas y aborden integralmente las situaciones que atraviesan a los estudiantes.
La obligación de garantizar el acompañamiento existe, pero no hay una norma nacional que determine cuántos profesionales debe haber, cuántas escuelas o alumnos puede atender un equipo ni con qué frecuencia tiene que estar disponible. Esa definición queda en manos de cada jurisdicción.
Castro Santander propone pensar los equipos a partir de tres capacidades: aprendizaje y trayectorias educativas; bienestar psicológico, afectivo y relacional; y abordaje de las condiciones familiares, sociales y de protección de derechos.
Como referencia para planificar, plantea un equipo básico de tres profesionales de jornada completa para entre 600 y 900 estudiantes. En contextos de alta vulnerabilidad, ruralidad, grandes distancias o dificultades para acceder al sistema de salud, ese universo debería reducirse a entre 400 y 600 alumnos, aunque no lo plantea como una fórmula rígida para todo el país.
Olga Burgos dejó de trabajar como docente para acompañar a su hija, que continúa en tratamiento psiquiátrico. A los 51 años empezó Abogacía en la Universidad Nacional de Jujuy y hoy también acompaña a otras familias.
Dos profesionales para 37 instituciones
Para Laura Mamani, esa discusión tiene una dimensión concreta.
La escuela de Luana recibía la intervención de una trabajadora social y un psicólogo de un dispositivo provincial, pero no permanecían allí de forma exclusiva. Laura cuenta que intentaba encontrar a la trabajadora social cada vez que iba: “Yo la buscaba en la escuela y nunca la encontraba”.
Olga Burgos conoció a Laura después de la muerte de Luana. Su hija asistía en el turno tarde a la misma escuela y durante esos mismos meses también sufría bullying.
“En una reunión con el Ministerio de Educación provincial, ellos mismos dijeron que eran un psicólogo y un trabajador social para 37 instituciones educativas, que no daban abasto”, recuerda.
La hija de Olga tenía entonces 13 años. Durante meses comenzó a encerrarse en el baño, lloraba y sufría fuertes dolores de estómago. Hasta que un día se metió debajo de las sábanas y no quiso salir: “Estaba con pánico. De a poquito me fue contando”.
Según su mamá, hacía unos ocho meses que sufría hostigamiento. Después aparecieron autolesiones, intentos de suicidio e internaciones. Olga terminó cambiándola de escuela. Hoy tiene 15 años, continúa en tratamiento psiquiátrico y, cuenta su madre, encontró una institución donde se siente acompañada.
“En una reunión con el Ministerio de Educación provincial, ellos mismos dijeron que eran un psicólogo y un trabajador social para 37 instituciones educativas. No daban abasto para responder a todas las escuelas”.
Veinticuatro realidades diferentes
La disponibilidad de profesionales cambia drásticamente según la provincia.
Tierra del Fuego registra 25,1 cargos de psicología cada 10.000 estudiantes; la ciudad de Buenos Aires, 14,7; San Luis, 9,5; y San Juan, 8,2.
En el otro extremo aparecen Santa Fe, con 0,14; Chaco y Formosa, con 0,45; Córdoba, con 0,81; y Santa Cruz, con 0,99.
La organización federal explica parte de esa heterogeneidad: cada jurisdicción define cómo estructura y administra sus dispositivos. Algunas cuentan con equipos residentes; otras, con esquemas territoriales o itinerantes.
Parte de esa heterogeneidad se explica por la organización federal del sistema educativo. En sus respuestas a los pedidos de acceso a la información pública realizados para esta investigación, la Secretaría de Educación de la Nación subrayó que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires las responsables de administrar sus sistemas educativos. Por eso, no existe un único modelo nacional de orientación escolar.
Esa diversidad hace que la presencia, la cantidad de cargos y el acceso efectivo no sean necesariamente lo mismo.
La escuela no es un consultorio
Los especialistas consultados coinciden también en que sumar profesionales no resuelve el problema si todo su tiempo queda absorbido por las urgencias.
Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y especialista en convivencia escolar, describe una escena que observa en varias instituciones: “Se la pasan toda la mañana atendiendo casos particulares”.
El riesgo es que los equipos queden atrapados en una sucesión de emergencias y desaparezca el tiempo para prevenir. Por eso propone que también capaciten a docentes, acompañen a directivos en planes de convivencia, trabajen con las familias y ayuden a construir criterios comunes de actuación.
“Es un enfoque más sistémico, más preventivo, no es solo de consultorio”, resume.
Diana Altavilla, especialista en prevención y posvención del suicidio, cuestiona también la lógica de ‘detectar y derivar’: sostiene que la escuela debe poder implicarse y atender una situación desde su lugar, sin convertirse en un servicio clínico.
Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, Marina Lerner suma otra dificultad: contar con un psicólogo tampoco alcanza si al buscar ayuda afuera la escuela vuelve a quedar sola.
“Derivan pero no encuentran lugar”, resume. Los equipos pueden acompañar inicialmente a chicos con ideación suicida, autolesiones o ansiedad, pero después se encuentran con hospitales y centros de salud saturados, pocos turnos y defensorías también desbordadas.
“Los equipos no deberían quedar atrapados atendiendo casos particulares durante toda la jornada. Su tarea también tiene que ser preventiva: capacitar a docentes, trabajar con los directivos, involucrar a las familias y construir criterios comunes de actuación”.
Cuando se llega tarde
Semanas antes de morir, Luana había atravesado un intento de suicidio dentro de la escuela.
Estaba encerrada en el baño cuando consiguió llamar a una prima. La joven llegó hasta el colegio, la sacó y la llevó al hospital. Según relata Laura, nadie de la institución advirtió lo ocurrido.
Su madre se enteró varias horas después.
A partir de ese día, cuenta, empezó “la batalla”: pedir profesionales, reuniones con familias y estudiantes y una intervención frente al bullying. “Mi hija estaba en el hospital luchando por su vida y nadie hacía nada”.
Cuando un equipo no existe, no llega o está sobrecargado, la necesidad no desaparece: termina desplazándose hacia docentes, preceptores y directivos.
Castro Santander marca un límite sencillo: “El docente observa y comunica, no diagnostica”.
Para él, por eso, la discusión no debería agotarse en exigir “un psicólogo por escuela”. El piso debería ser otro: que ninguna institución quede sola, que conozca cuál es su equipo de referencia y cómo activar una respuesta cuando aparece una situación grave.
“Cuando no hay un equipo de orientación accesible, la demanda no desaparece: se desplaza hacia docentes, preceptores y directivos. Eso puede generar desborde, burnout e intervenciones tardías frente a situaciones que podrían haberse abordado antes”.
Después de la muerte de Luana, Olga fue a buscar a Laura.
“Vamos a pelear juntas”, le dijo.
Otras madres se sumaron. Hoy se presentan como Madres del Dolor por Bullying y reciben mensajes de familias de distintos puntos de Jujuy que no saben a quién recurrir. Reclaman más equipos de orientación, profesionales capacitados en bullying, violencia escolar y riesgo suicida, protocolos más ágiles y formación permanente para docentes y directivos.
LA NACION consultó al Ministerio de Educación de Jujuy para esta investigación, pero no obtuvo respuesta.
Laura prefiere recordar a Luana por la danza, el inglés, sus notas, sus amigos. Porque salía a vender gelatinas para ayudar en su casa. Porque soñaba con estudiar Criminología, escribir y aprender corte y confección.
Y por algo mucho más pequeño: su comida favorita eran las milanesas con puré.
Las madres aseguran que no quieren transformar cada escuela en un hospital ni convertir a cada docente en psicólogo.
Piden algo más elemental: que cuando un chico empiece a mostrar que algo no está bien haya adultos y profesionales capaces de escucharlo, acompañarlo y saber qué hacer antes de que sea demasiado tarde.
Metodología
Esta investigación incluyó seis pedidos de acceso a la información pública sobre la disponibilidad de profesionales vinculados con los equipos de orientación escolar.
Para los indicadores se utilizaron datos oficiales del Relevamiento Anual 2025 de la Secretaría de Educación de la Nación, correspondientes a primaria y secundaria de educación común, de gestión estatal y privada. El relevamiento contempla tanto cargos de la planta funcional como profesionales que trabajan por fuera de ella, incluidos contratados, integrantes de programas, itinerantes o designados en otras dependencias.
Se analizaron cuatro perfiles: psicólogos, psicopedagogos, trabajadores o asistentes sociales y asesores pedagógicos. Los indicadores expresan la cantidad de cargos registrados por cada 10.000 estudiantes.
La información contabiliza cargos y no necesariamente personas únicas y no permite determinar por sí sola qué proporción de establecimientos tiene cobertura ni cuál es el acceso efectivo de cada alumno.
El procesamiento y análisis contó con la participación de LA NACION Data. La investigación se desarrolló en el marco del Laboratorio de Periodismo RedLab de FOPEA y Google News Initiative.
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