Misiones: la historia detrás del conflicto entre una comunidad indígena y empresarios forestales

“La cultura se fue perdiendo por la falta de monte. Sin el monte no tenemos educación ni salud porque de ahí extraemos la sabiduría y los beneficios de nuestra medicina tradicional. También se perdieron los alimentos naturales, como las frutas y los animales”, afirmó Santiago Ramos, mburuvichá -líder- de Puente Quemado II, consultado para este informe. “Ahora escasean y nos vemos obligados a plantar mandioca, batatas, maíces, plantamos todo lo que podamos consumir”, agrega.

Puente Quemado II es una de las 140 comunidades mbya guaraní que habitan esta provincia. Se encuentra ubicada en una zona rural del municipio de Garuhapé, dentro del departamento Libertador General San Martín, a 12 kilómetros del casco urbano emplazado sobre la ruta nacional 12, arteria que conecta con Posadas, situada 144 kilómetros al sur, y con Iguazú, 185 kilómetros al norte.

Su nombre alude al tránsito de camiones que trasladaban a trabajadores obrajeros de madera nativa en esa zona hace al menos seis décadas. En ese entonces, existía solamente un precario puente de madera sobre el que circulaban una y otra vez. Frente al cruce reiterado por lo que consideran su territorio, los mbya decidieron quemar esa estructura, lo que finalmente terminó dando nombre a la comunidad.

Según registros arqueológicos y antropológicos, los mbya son una facción del pueblo originario guaraní, con preexistencia ancestral de miles de años en la región de la Selva Paranaense, dentro del Bosque Atlántico sudamericano. Este pueblo se extiende atravesando las fronteras nacionales desde el nordeste de Argentina (Misiones), el este y sureste de Paraguay (Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, Caazapá y Guairá) hasta el sur y sudeste de Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná), aunque también se registraron asentamientos en Uruguay.

El último informe realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2022, reveló que 135.232 personas distribuidas en toda la Argentina se reconocen o afirman ser descendientes del pueblo indígena guaraní, de las que el 83,6% señaló que entiende y habla su lengua. En tanto, dentro de la fracción mbya, fueron relevados 11.014 integrantes en Misiones.

Sin embargo, prejuicios en torno al origen y procedencia de sus integrantes impactan de manera directa en los reclamos territoriales, creando una disputa entre actores privados y comunidades que no conciben al monte y a la selva como “propiedad”, sino como un sistema en el que la naturaleza y lo espiritual se retroalimentan, y ellos simplemente forman parte.

“Ese sistema ya no se puede dar con tanta facilidad porque tenemos todas las tierras cercadas como propiedad privada. Entonces ya no pueden extenderse sobre el territorio con la misma dinámica que tenían antes del poblamiento total por parte de los blancos y la expansión occidental”, reflexionó Ana María Gorosito Kramer, magíster en Antropología Social por la Universidad de Brasilia, quien realizó trabajos de investigación junto a las comunidades mbya de Misiones desde 1977.

A su entender, los “discursos estigmatizantes” y la reproducción de la desigualdad no resuelven el problema estructural detrás de los conflictos de tierras: el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, ya que dentro del sistema político continúa prevaleciendo el negocio inmobiliario por sobre los derechos que reclaman estas comunidades y la conservación de la selva que habitan.

Gorosito Kramer señaló la persistencia de un prejuicio histórico que busca deslegitimar los reclamos indígenas tildando a sus integrantes de "extranjeros" o negando su presencia ancestral. Y remarcó que las disputas territoriales no son meros diferendos técnicos o jurídicos, sino negociaciones atravesadas por la presión de grandes actores forestales o inmobiliarios dentro de la agenda política.

“Hay un conjunto de elementos discriminatorios que surgen de un núcleo profundamente racista en la concepción del otro y sobre todo del otro pobre y vulnerable en la sociedad argentina, por eso la opinión pública encuentra rápidamente el asentimiento y la repetición. Por un lado está eso, entonces cualquier avasallamiento contra el territorio indígena va a encontrar indiferencia o coincidencias por parte de la ciudadanía que ignora su propia condición, porque la mayoría de nosotros somos descendientes de indígenas. Es negar la propia identidad y eso es algo que nunca se levanta, nunca se destaca”, enfatizó Gorosito.

En la década de 2000, cuando Puente Quemado II todavía no contaba con organizaciones de respaldo en materia de derechos, parte de los líderes mbya de ese momento se vieron obligados a desplazarse a los terrenos que aún conservaban monte nativo. Parte del territorio que habitaban fue adquirido a nombre de Alto Paraná S.A (hoy Arauco, empresa forestal) y varias hectáreas fueron destinadas al cultivo de pinos sobre los predios que los mbya utilizaban para la caza de animales silvestres, la recolección de frutos autóctonos y plantas medicinales, explican desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).

“Los mbya siempre habitaron un gran territorio y se iban trasladando de un lugar a otro cada vez que agotaban recursos en un lugar, con la posibilidad de volver cuando esa zona se regeneraba”, afirma Kiki Ramírez, integrante de EMIPA.

“Eso pasó en este lugar, donde habitan comunidades desde hace unos 60 años. Me estoy refiriendo al predio que hoy es propiedad registral de Arauco. Allí era todo selva. Hace más o menos 25 años llegó Arauco y les hizo firmar un papel que les daba permiso para deforestar todo eso. En ese momento el cacique era una persona viejita que no sabía leer, sin entender firmó y dejó para la comunidad unas 5 hectáreas. Después desmontaron todo y plantaron pino”, explicó.

Con el objetivo de conocer su versión de los hechos para este informe, nos comunicamos a través WhatsApp con el área de Asuntos Públicos de Arauco solicitando datos sobre la historia de Arauco en Misiones, las actividades que realizan y la situación en Garuhapé, donde se encuentra la comunidad mbya Puente Quemado II, ya que la compañía cuenta con más de 200.000 hectáreas en distintos puntos de la provincia.

Ante la ausencia de respuesta, a la semana siguiente decidimos enviar un segundo mensaje similar consultando, también, la posibilidad de visitar el predio en cuestión. La respuesta llegó en menos de una hora y sugirió el envío de las preguntas correspondientes por correo electrónico, aludiendo a que los temas mencionados involucran información y respuestas de distintas áreas de la compañía. También señalaron que de obtener los permisos necesarios, se debería cumplir con la presentación de seguros y el cumplimiento de otros requisitos internos vinculados al ingreso a los predios.

Para finalizar, añadieron: "Quedamos atentos a recibir tu correo para dar curso a ambas solicitudes". Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta tras el envío del mail en dos oportunidades. 

En 2013, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas relevó un total de 331 hectáreas a favor de la comunidad, en el marco de la Ley Nacional de Comunidades Indígenas 26.160, sancionada y promulgada en noviembre de 2006, lo que constituye aproximadamente la mitad del territorio que disponían anteriormente para el desarrollo de sus actividades de subsistencia, según explica Ramírez.

No obstante, el relevamiento no contempló la continuidad territorial. Es decir, si bien se cumplió con el relevamiento de comunidades y los informes sociohistóricos de cada una, no se realizó la definición catastral de los territorios y la propiedad comunitaria indígena, por lo que el relevamiento no equivale a un título de propiedad, aunque reconoce la posesión de las tierras que tradicionalmente ocuparon.

En un cuadro estadístico titulado “Caracterización catastral y dominial de la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Puente Quemado II, según nomenclaturas catastrales” -que integra la carpeta técnica conformada durante el mismo relevamiento territorial- se puede observar la distribución de tierras por nomenclador, titular registral y superficie dentro de las 331 hectáreas de uso comunitario. 

El objetivo de la ley 26.160 fue declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon las comunidades indígenas de todo el país, tomando como medida principal la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto fuera el desalojo. La ley fue finalmente derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1083/2024, emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024.

La ley se había respaldado, entre otros tratados y normas, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. También, en la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007, y en la propia Constitución Nacional.

Actualmente, Puente Quemado II se divide en dos "islas", una cercana al predio donde Arauco realiza actividades forestales (zona sur) y otra donde meses atrás se trasladaron las familias (norte), lo que posteriormente desató el conflicto territorial con denuncias por parte de otro privado: el empresario forestal Roberto Ruff. El caso implicó detenciones y un desalojo a mediados de 2026.

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa) aseguraron que en 2018 se registró el primer enfrentamiento entre Ruff, titular del lote, y la comunidad mbya, lo que incluyó el desmonte de la selva y el desalojo de familias, situación que se volvió a repetir en 2022, en menor escala.

A poco más de un año del retiro de la ley 26.160, la comunidad atravesó nuevos intentos de desalojo el 4 de mayo de 2026. Ese mismo día, se produjo la detención de ocho miembros de la comunidad por parte de efectivos policiales de la comisaría de Garuhapé, que luego fueron liberados, horas más tarde, ante el reclamo de organizaciones defensoras de los derechos indígenas, entre ellas, EMIPA y la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG).

Esas detenciones incluyeron la demora policial del propio cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, en el marco de una denuncia por supuestas amenazas, usurpación, daños ambientales y desmonte ilegal en el Lote 78, Parcela 141, presentada por el empresario forestal Ruff.

Dos meses después, el 28 de julio, el juez Roberto Antonio Sena, a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América, ordenó y ejecutó un desalojo, a través de la Policía de Misiones, en respuesta al pedido de restitución de lotes 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte de Ruff.

En ese contexto, Ruff afirmó que las tierras —alrededor de 270 hectáreas— pertenecen a su familia desde hace aproximadamente 70 años. Según explicó en entrevista para este informe, el conflicto comenzó cuando los integrantes de la comunidad intentaron "intrusar" el predio en mayo de este año.

“Hice una exposición en la Policía. En ese momento no fue un desalojo, fue un llamado de atención. Luego cambié de abogado y en julio sí, fueron desalojados hasta que el fiscal, dos días después, suspendió la medida. Pero la orden de desalojo sigue vigente, no entiendo por qué no los desalojan nuevamente”, añadió Ruff.

El desalojo a la comunidad fue cuestionado por EMIPA por el uso de un camión jaula “no habilitado para la circulación”, pero además, con el argumento de que la orden había sido dictada el 17 de julio y suspendida por un fallo que reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta, ya que, según la defensa de la comunidad en el recurso de apelación presentado, “tal construcción jurídica desconoce que la relación existente entre los pueblos indígenas y sus territorios trasciende largamente las categorías tradicionales del derecho privado patrimonial”.

A 48 horas de aquel desalojo, el fiscal Héctor Daniel Simón, a cargo de la Fiscalía de Instrucción 1 de Puerto Rico, dictaminó dejar sin efecto el procedimiento ejecutado, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por la defensa, por lo que los miembros de la comunidad regresaron al predio, aunque a la fecha, el expediente continúa sujeto a revisión.

“El derecho a la consulta previa, al uso de la tierra por parte de la comunidad va más allá del título de propiedad. A veces es otra cosa lo que se quiere instalar. Yo ando todas las semanas recorriendo las comunidades y el vínculo del colono y de los empresarios con las comunidades no es un vínculo malo”, aseguró Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. “No digo que no existan casos que sí sean malos, eso siempre existió, pero en general los ayudan: le arreglan caminos, le dan trabajo… Pero hay sectores que buscan enfrentar a las comunidades con los colonos y eso es complicado, no queremos llegar a eso”, dijo el funcionario en entrevista para este informe.

Tras décadas de espera, la comunidad obtuvo a finales de agosto de 2026 la instalación de un pozo perforado de 166 metros que abastece de agua extraída del Acuífero Guaraní a las viviendas. Hasta entonces, sus habitantes recorrían largas distancias para sustraer agua de las vertientes y arroyos más cercanos.

También recibieron ocho paneles solares, con su correspondiente instalación, para el funcionamiento de la bomba de agua, ambas obras financiadas por la empresa forestal Arauco en una gestión realizada por la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos, informó Rodríguez.

A pesar de los avances como la Ley 26.160 de relevamiento territorial o las iniciativas de mediación provincial, la falta de una ley de propiedad comunitaria indígena y la no concreción catastral de los títulos dejan a las comunidades mbya guaraní en un estado crónico de vulnerabilidad frente a las empresas forestales y los propietarios particulares.

En este caso, tanto EMIPA como el cacique Ramos sostienen que la comunidad se encuentra allí desde al menos 60 años, mientras que Ruff asegura que sus abuelos ya residían en el lugar hace 70 años. Sin embargo, los registros dan cuenta de que las disputas territoriales comenzaron en la década de 2000 con Alto Paraná (hoy Arauco) y con Ruff en mayo de 2026.

De esta manera, el conflicto en Puente Quemado II expone que, sin una decisión política real de concretar la titularización comunitaria de la tierra y regular el avance de la frontera extractiva, los pueblos originarios quedan atrapados en un ciclo continuo de desalojos, judicialización y pérdida progresiva de su territorio y cultura, pese a que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia étnica.