L.G. sitúa lo que pasó a comienzos de 2026. Tenía 15 años y acababa de volver de unas vacaciones familiares cuando regresó a la escuela y empezó a notar algo extraño. Algunos compañeros se reían, las conversaciones se cortaban cuando ella se acercaba y quienes antes se juntaban con ella la ignoraban.
Durante el viaje había publicado fotografías en sus redes sociales. En algunas estaba sola; en otras, con su hermana. Había bikinis, shorts y escenas familiares de vacaciones. Nada que ella considerara íntimo. Una compañera terminó contándole que esas fotos estaban circulando modificadas y que también había videos en los que supuestamente aparecía quitándose la ropa.
L.G. no le creyó.
“Yo le pedí que me haga ver esas fotos porque yo no le creía, yo creía que me estaban bromeando”. Reconoció las imágenes de origen: su cara seguía ahí, también la de su hermana, pero los cuerpos habían sido alterados y, a partir de fotografías estáticas, habían fabricado los videos
“En ese momento sentí mucha culpa porque todas las fotos las habían sacado de las redes sociales”
No enfrentó a sus compañeros. Dijo que se sentía mal y pidió que llamaran a sus padres. Cuando llegaron, pudo contarlo. Con el miedo apareció otra sensación: “En ese momento sentí mucha culpa porque todas las fotos las habían sacado de las redes sociales”.
A M.V. le ocurrió unos meses después. En mayo de 2026 tenía 16 años cuando un compañero le escribió por Instagram. Le preguntó si había mandado fotografías íntimas. Ella respondió que no. Entonces él le envió capturas de un grupo de Telegram.
M.V. reconoció enseguida la fotografía de origen: era una imagen de su perfil en la que aparecía completamente vestida. En la que circulaba seguía estando su cara, pero el cuerpo desnudo no era suyo. No sabía quién había hecho la manipulación ni cómo demostrar ante los demás algo que para ella era evidente pero que, visualmente, parecía contradecirla. “¿Cómo iba a decir yo que no era si estaba mi cara? ¿Cómo alguien va a creer que no sos vos, que no es tu cuerpo?”.
Ese mismo día fue a clases. Durante la mañana veía a compañeros conversar, mirar sus teléfonos y mostrarse algo. “Yo sabía qué es lo que se estaban mostrando”, dice. No se animaba a levantarse y hablar.
Entre compañeros
Una foto puede ser suficiente para producir estas falsificaciones, conocidas como deepfakes: imágenes, videos o audios creados o manipulados con inteligencia artificial para que parezcan auténticos.
Fernando Javier Dedovich, secretario de la UFEDyCI (Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas) de Buenos Aires a cargo de la fiscal Daniela Dupuy dentro del Ministerio Público Fiscal porteño que encabeza Javier Martín López Zavaleta, describe estas investigaciones: “Son generalmente fotos tomadas de redes sociales, reales. La chica se saca una foto, una selfie, lo que sea, y mediante estas aplicaciones técnicamente les generan un cuerpo desnudo”.
Dedovich marca otro cambio: la barrera tecnológica cayó. Ya no hace falta saber programación ni manejar programas profesionales. “Son herramientas que están al alcance de cualquier persona”, explica. Algunas incluso permiten pruebas gratuitas que permiten empezar a producir imágenes.
“Son fotos reales tomadas de redes sociales. La chica se saca una foto y mediante estas aplicaciones les generan un cuerpo desnudo”.
CyberTipline, el sistema de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) sobre explotación sexual infantil en entornos digitales, recibió en 2025 a nivel mundial 21,3 millones de reportes relacionados con tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y con casos de grooming.
En Argentina, los reportes CyberTipline generales -que pueden incluir o no contenido creado mediante inteligencia artificial- llegaron a 157.783 en 2025. Solo durante el primer semestre de 2026, sumaron 109.733.
Los reportes vinculados con imágenes y videos generados mediante inteligencia artificial en nuestro países pasaron de 104 en 2024 a 682 en 2025. Se multiplicaron por 6,6 en un año, un crecimiento superior al 500%. Dedovich estima que, de mantenerse la tendencia durante 2026, podría acercarse a los 1.000 reportes. La proyección, aclaró, se refiere a reportes y no a imágenes individuales.
Las denuncias que llegan directamente a la UFEDyCI permiten observar otro recorte. Durante todo 2025 la unidad registró 37 casos en CABA por archivos de connotación sexual generados con IA. Hasta septiembre de 2026 ya eran 35: apenas dos menos que durante todo el año anterior. A diferencia de CyberTipline, son investigaciones iniciadas por denuncias particulares ante la fiscalía.
En ese conjunto, Dedovich observa además un patrón escolar. La gran mayoría de los casos involucra a estudiantes de entre 13 y 15 años y, en los casos de estas características recibidos por su unidad, fueron varones quienes crearon archivos falsos de compañeras mujeres. El dato corresponde a la experiencia de esa fiscalía en CABA y no puede extrapolarse al resto del país.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires consultó a 912 estudiantes de 12 a 19 años: el 1% dijo haber sido víctima directa de un deepfake, el 13% conocer casos en su entorno escolar y el 43% haber recibido imágenes o videos que sospechaba manipulados con inteligencia artificial, aunque ese porcentaje abarca también contenidos no sexuales. La muestra fue intencional y no es representativa de todos los adolescentes porteños.
Las miradas
Fabricar la imagen es solo el comienzo.
Después alguien la muestra, la reenvía o la guarda. Andrea Urbas, psicóloga y directora de Chicos.net, describe los episodios escolares como fenómenos grupales. Puede haber adolescentes con una intención más clara de producir daño y otros que se incorporan porque quieren pertenecer o porque “se suben a la ola”. “Cuando se trata de deepfakes en las escuelas, estamos hablando de compañeros y compañeras, estamos hablando de amigos. A veces, también de novios”.
Para L.G., quienes distribuían las imágenes fabricadas tenían caras conocidas. Cuando intentó volver a la escuela descubrió que sus amigas formaban parte de espacios donde las imágenes se reenviaban. “Para ellos era como una broma”.
Sus padres querían que retomara las clases y ella trató, pero no sabía quién había visto las imágenes. “Yo en ese momento me sentía tan sola que mis papás me pedían que retome pero yo no podía ir a estar en ese mismo espacio”.
Milagros Schroeder, coordinadora del equipo de Educación de Faro Digital, reconoce esa reacción. “En general lo que pasa primero es una autoexclusión, se van del medio hostil”. En realidad, para la experta la lógica debería ser inversa: “Lo que se tiene que ir del espacio es la violencia, no vos, que sufriste esa violencia”.
“Lo que se tiene que ir del espacio es la violencia, no vos, que sufriste esa violencia”
Encontrar a quién contárselo
M.V. primero se lo contó a una amiga, que le creyó y le insistió en buscar a un adulto. Al principio se negó: temía tener que convencer a otros de que la imagen era falsa. Finalmente fue hasta una preceptora. “Mi preceptora sí me acompañó”, dice, pero las imágenes continuaron circulando durante un tiempo. Con L.G. ocurrió de otra manera. Fueron sus padres quienes hablaron con la escuela.
En la encuesta de la Defensoría del Pueblo porteña, sólo un 26% de los estudiantes dijo que recurriría a personas adultas o autoridades escolares frente a una situación de violencia digital. Luis Lubeck, de Argentina Cibersegura, encuentra con frecuencia una explicación del lado de los adultos: “No tenemos que conocer de tecnología para acompañar. El error más frecuente es la prohibición”.
Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina, plantea la distancia de otra manera. Los adultos preguntan habitualmente a sus hijos cómo les fue en la escuela, en el club o en una actividad, pero casi nunca: “¿Cómo te fue hoy en internet?”.
Cambios de conducta
En la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), entre fines de marzo y comienzos de abril de 2026, estudiantes empezaron a descubrir que fotografías personales tomadas de sus redes sociales habían sido manipuladas para simular desnudez explícita y publicadas en una página de contenido sexual.
Once mujeres realizaron denuncias. La decana de Humanidades también presentó una denuncia institucional. El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación y en mayo informó la existencia de dos imputados.
María Mercedes Quiñonez, decana de la Facultad, cuenta que Humanidades tenía desde 2019 un protocolo y un equipo preparado para intervenir. “Una parte fundamental del protocolo y la guía de buenas prácticas fue resguardar la identidad de cada una de estas denunciantes”. Estudiantes organizaron asambleas, buzones y “puntos seguros”. “En Humanidades en particular hay mucha militancia feminista”, explica Quiñonez.
“Hay un cambio claro de conducta cuando uno no sabe quién es el agresor del otro lado”
La fiscal Verónica Simesen de Bielke explica que se trataba del primer caso de estas características que recibían con jóvenes mayores de edad. Simesen describió cambios que las propias jóvenes manifestaron durante la investigación: miedo a no saber quién estaba detrás de las imágenes, cierre o restricción de perfiles en las redes, modificaciones en la forma de trasladarse y, en algunos casos, interrupciones temporales en la asistencia a la facultad. “Hay un cambio claro de conducta cuando uno no sabe quién es el agresor del otro lado”, dice. Las fotos originales eran reales; la desnudez, no. Simesen lo resume así: “Soy yo, pero no soy yo”.
Cinco meses después, la causa seguía abierta. Una actualización en septiembre señaló que el expediente involucraba a doce mujeres afectadas —las once alumnas y la decana— y que la Universidad Nacional de Salta se había constituido como querellante. Lo que sí está confirmado es que dos acusados permanecen suspendidos académicamente y tienen prohibición de acercamiento a 100 metros de la Universidad. No había fecha de juicio; ambos conservaban la presunción de inocencia.
Frenar primero
En 2025, al juzgado de Marta Rut Legarreta, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia con competencia penal juvenil en Corrientes, comenzaron a llegar padres de adolescentes. “Al juzgado comenzaron a venir espontáneamente progenitores de adolescentes”, recuerda.
Denunciaban que por WhatsApp se estaban viralizando fotografías en las que sus hijas aparecían desnudas, aunque ellas no se habían tomado esas imágenes. La circulación había comenzado entre adolescentes vinculados con un mismo espacio deportivo. Tenían 13, 14 y 16 años.
Lo primero que hizo el juzgado fue pedir al establecimiento deportivo que informara quiénes integraban ese grupo y quiénes eran sus tutores. También dispuso una prohibición de viralización. Algunos padres aportaron otro dato: señalaron cuál era la página que, según ellos, se había utilizado para generar las imágenes.
El juzgado intentó identificar a sus responsables y luego recurrió a la Dirección de Informática del Poder Judicial de Corrientes. Legarreta recibió la pericia en menos de 24 horas.
– “Sí, efectivamente, yo entro, cargo la foto de una persona y la desnuda”, le informó el especialista, según reconstruye Legarreta.
– “La página no tenía niveles de acceso. Cualquiera de cualquier edad podía ingresar a esa página y efectivamente hacer eso”, indica la magistrada.
A partir de esa constatación, el juzgado decidió pedir que se prohibiera desde la Argentina el ingreso a la página y dio intervención a una unidad fiscal para que investigara un posible delito informático. Los tutores de los adolescentes involucrados fueron convocados y debieron eliminar el material de los teléfonos.
En la resolución judicial quedó asentado además algo que las familias consideraban fundamental. “Se puso que no eran las personas, sino que eran imágenes simuladas hechas con inteligencia artificial. Que eso era lo que los progenitores de las chicas querían que diga, querían certificar que no era su hija”.
“Lo que antes era un conflicto entre dos personas en una circunstancia de tiempo y lugar y modo interpersonal, hoy adquiere una relevancia tal que en menos de un segundo puede estar viralizado”
Cuando Legarreta reflexiona sobre estas situaciones utiliza dos conceptos: “amplificación” y “cronicidad del daño”. “Lo que antes era un conflicto entre dos personas en una circunstancia de tiempo y lugar y modo interpersonal, hoy adquiere una relevancia tal que en menos de un segundo puede estar viralizado”, explica.
En Santa Fe, un caso mucho más reciente volvió a mostrar el mismo problema. El 27 de agosto, el abogado Martín Durando recibió la llamada de la madre de una adolescente de San Justo, de 16 años. Circulaban fotografías en las que aparecía desnuda. La desnudez había sido fabricada con inteligencia artificial y había otras chicas. La madre reconoció la casa, la fisonomía de su hija e incluso una marca particular de su cuerpo. “Todo es real. Lo único que no es real es la parte donde se le quita la ropa”, reconstruye Durando.
El Ministerio Público de la Acusación investiga la difusión de imágenes de al menos seis estudiantes de entre 15 y 16 años. Algunas dejaron de asistir temporalmente a la escuela después de la circulación.
Qué puede hacer la Justicia
La Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, incorporó en 2023 la violencia digital a la Ley 26.485 e incluyó entre las conductas contempladas la obtención, reproducción y difusión no consentida de material íntimo o de desnudez, real o editado, atribuido a una mujer.
Permite activar medidas de protección y remoción, pero no creó un delito penal único para los desnudos sintéticos. No existe en el Código Penal una figura denominada deepfake sexual.
En Salta, la fiscalía imputó a dos hombres adultos dentro de una investigación por lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas.
A partir del caso de San Justo, Martín Durando plantea otro problema: “No hay ilegalidades genéricas en materia penal”. Sergio Iván Cej, abogado independiente, magíster en Ciberseguridad y diplomado en Cibercrimen, agrega: “La calificación penal requiere analizar en realidad el contenido, las edades y la conducta concreta”.
Cej señala el artículo 128 del Código Penal, que sanciona determinadas conductas relacionadas con representaciones sexuales de menores de 18 años, entre ellas producción y difusión. Frente a una escena sexual que nunca existió, advierte: “Quedan en una zona gris”.
“La calificación penal requiere analizar en realidad el contenido, las edades y la conducta concreta”
Dedovich encuentra otro problema en la misma norma: el artículo 128 utiliza la palabra “representaciones”. “Es una palabra muy ambigua”, dice. Su posición es que el Código Penal necesita una reforma que contemple explícitamente la creación de archivos con inteligencia artificial y distinga mejor las diferentes conductas: producir, distribuir, poseer y comercializar.
Chaco incorporó en 2026 al Código de Faltas el título “Faltas relativas a contenidos digitales manipulados o sintéticos”. La Ley 4250-J contempla sanciones para la creación y difusión no consentida de determinados contenidos íntimos o sexuales manipulados.
Federico Guillermo Miskinich, especialista en ciberseguridad, resaltó el máximo previsto para los casos agravados: “Hasta 120 días de arresto” y multas que pueden llegar a “20 salarios mínimos vitales y móviles”.
La escala varía según la conducta. La creación no consentida podía recibir multas de hasta 15 salarios mínimos o hasta 90 días de arresto; la difusión elevaba la multa hasta 18 salarios mínimos; y los agravantes podían llevarla hasta 20 salarios mínimos o 120 días. Es una respuesta contravencional provincial y no modifica el Código Penal nacional.
Miskinich agrega otra cuestión: la circulación puede dejar rastros. Cada publicación, explica, puede aportar referencias temporales y datos técnicos para reconstruir cuándo apareció, desde qué cuenta, qué registros quedaron y qué dispositivos intervinieron. “La evidencia digital es muy volátil”, dice Cej, y recomienda preservar enlaces, usuarios, números de teléfono, mensajes, nombres de grupos, fechas de publicación, dispositivos y conversaciones originales.
La discusión se volvió todavía más sensible en 2026 con el nuevo Régimen Penal Juvenil. La Ley 27.801 estableció un régimen aplicable desde los 14 años, siempre que exista un hecho previamente tipificado como delito. Cej advierte: “No quiero que nos quedemos con el eslogan de que los adolescentes desde los 14 años van a ir presos”, dice.
Además de discutir la figura jurídica, hay una cuestión práctica: cómo llega un reporte a la provincia donde debe investigarse. Dedovich explica que los reportes de NCMEC correspondientes a la Argentina son recibidos por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se analizan y, cuando corresponde, se derivan a otras jurisdicciones.
Ese intercambio se articula a través de la Red 24/7, una red de fiscalías especializadas en ciberdelitos. Según Dedovich, actualmente todas las provincias forman parte de ese convenio, excepto Tucumán.
Para el fiscal, los tiempos importan cuando un reporte puede involucrar una situación urgente o evidencia digital que puede desaparecer. “Estamos perdiendo tiempo valioso tanto por el menor como por la evidencia digital”, advierte. Dedovich considera que la incorporación de Tucumán a la Red 24/7 permitiría recibir y derivar estos casos con mayor rapidez.
L.G. nunca supo quién creó las imágenes. Dice que hubiera querido denunciar, pero no lo hizo. “En ese momento tenía mucho miedo y tenía vergüenza de mí”. M.V. tampoco sabe quién fabricó su primera imagen.
Miskinich resume esa distancia con una frase: “La imagen puede ser falsa, pero la consecuencia es verdadera”.
Antes de la IA
La violencia sexual digital, sin embargo, no nació con la inteligencia artificial. Ana Camila Segli tenía 16 años cuando, en 2017, material íntimo suyo comenzó a circular entre estudiantes.
Segli intentó guardar lo ocurrido. “Lo escondí debajo de la alfombra, no hablé con mi familia de esto, no hablé con mis papás”. Pasó el tiempo y, cuando estaba por comenzar la universidad, una cuenta anónima de Facebook empezó a escribirle mientras se encontraba de viaje con su familia. Después le envió una de aquellas imágenes. Ella vio por primera vez su propio material.
“Sentís que si lo contás estás teniendo un efecto contraproducente porque estás vos misma difundiendo tu situación. Lo que me pasó a mí no tenía nombre, hoy tiene nombre”.
Con el tiempo se convirtió en abogada y pasó a integrar la ONG Ley Olimpia Argentina. En su trabajo con otras mujeres encontró el mismo temor a que hablar reactive lo ocurrido: “Sentís que si lo contás estás teniendo un efecto contraproducente porque estás vos misma difundiendo tu situación. Lo que me pasó a mí no tenía nombre, hoy tiene nombre”.
Antes, para difundir sin permiso una fotografía sexual, esa fotografía tenía que existir. Ahora puede no haber existido nunca: una foto común puede alcanzar para fabricarlo.
La ley Ema
Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, cuenta que en agosto de 2024 un video íntimo real de su hija adolescente comenzó a circular entre estudiantes. Durante las 24 horas siguientes, Ema recibió mensajes de personas que habían visto el material y de otras que solamente habían oído hablar de él. Al día siguiente, Ema murió por suicidio.
Esa secuencia temporal no permite atribuir una muerte por suicidio a una causa única. Después, Sánchez convirtió parte de su experiencia en activismo y comenzó a impulsar una ley que lleva el nombre de Ema. “La comunidad educativa no puede estar aislada de la comunidad digital”, sostiene. El 30 de julio de 2026, Santa Fe sancionó la Ley 14.471, conocida como Ley EMA. La norma creó el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo.
Dos años después de la muerte de su hija, Sánchez guarda otro detalle. La escuela de Ema todavía no la había quitado de la lista de familias. “Me siguen llegando los recordatorios del aumento de la cuota, del pago de la matrícula”, cuenta. Después agrega: “Es muy fuerte que te siga llegando el mail”.
Cuando habla de los deepfakes, Sánchez tampoco cree que todo haya empezado con la inteligencia artificial. “Esto de que alguien crea que es dueño del cuerpo de otra persona no es nuevo. Lo que pasa que la inteligencia artificial lo hace más fácil”.
Lo que queda
María Fernanda Beltrán, psicóloga especializada en el ámbito jurídico, encuentra una paradoja: la persona sabe que la escena es falsa, pero la exposición es verdadera. Lo llama: “Una expropiación de la propia imagen”.
M.V. había formulado prácticamente la misma pregunta. Cuando las autoridades de la escuela llamaron a sus padres tuvo que explicar que la fotografía tenía su cara, pero el cuerpo no era el suyo. “Les tuve que decir que yo no era la de la foto, que ese no era mi cuerpo”.
Su madre la llevó a terapia. Durante un tiempo no quería ir a la escuela ni estar en redes. Cerró sus cuentas, dejó de publicar y evitó hablar con gente de la escuela. “Decidí como borrarme de un tiempo de todo esto, de todo el ámbito social”.
Beltrán habla de adolescentes que cierran cuentas, se alejan de sus grupos de pares y empiezan a desconfiar de personas que formaban parte de su vida cotidiana.
L.G. había pasado primero por la culpa. La terapia permitió separar dos cosas: una cosa era haber subido una foto de vacaciones y otra, lo que alguien decidió hacer con ella.
“Es como que te caés a un pozo, a un pozo negro y sentís que nadie te va a ayudar, que nadie te va a creer, que todos te van a juzgar”.
M.V
M.V. describe momentos en los que esa distancia todavía no existía. “Es como que te caés a un pozo, a un pozo negro y sentís que nadie te va a ayudar, que nadie te va a creer, que todos te van a juzgar”. Dice también que “se me pasaron muchas cosas malas por la cabeza. Las miradas dicen mucho más que las palabras”.
Navarro llama “eternalización de la violencia” a lo que ocurre cuando una publicación deja de estar visible pero el miedo permanece. Retirar una publicación no permite saber si antes alguien hizo una captura, la descargó o guardó una copia.
Schroeder lo describe de otra manera: “Hay un fantasma que se sostiene, una violencia que puede reeditarse todo el tiempo”.
M.V. volvió a abrir sus redes meses después, pero no volvió de la misma manera. “La verdad no, no soy la misma”. Ahora piensa quién la sigue, qué fotografía puede subir. “Estás todo el tiempo pensando en si esto está bien, esto está mal, en qué pasará, si vuelve a pasar la misma situación”.
L.G. cambió. Ahora publica principalmente selfies, evita determinadas fotografías en las que se vea todo su cuerpo y mantiene sus redes más cerradas. Pidió salir de la escuela y su hermana decidió cambiarse también para acompañarla.
Por eso casi no habla de lo ocurrido. Lo contó para esta investigación, pero fuera de unos pocos vínculos prefiere mantenerlo guardado. “Esto lo tengo en secreto prácticamente porque la verdad es que me sigue dando miedo y tengo miedo a que cuando cuente esto las personas busquen las imágenes y se vuelvan a difundir”.
