En las entrañas de los pozos petroleros, Argentina deposita su nuevo sueño de potencia. Ya no es el campo y sus pródigas cosechas, sino el oro negro del petróleo y el gas lo que sacará al país de sus cíclicas crisis y su eterna deuda.
Sin embargo, y a pesar de la expansión de Vaca Muerta que impulsó las exportaciones y contribuyó a recuperar el superávit comercial energético, el fenómeno coincide con una creciente pobreza energética, un término que describe la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de energía debido a bajos ingresos, tarifas elevadas o viviendas ineficientes.
Hace por lo menos dos inviernos que Celsa Speziale no enciende la estufa. Jubilada, vecina del barrio porteño de Chacarita, cuenta que antes podía pagar los servicios, comer bien y comprarse ropa una vez al mes.
“Ahora pienso dos veces antes de prender una hornalla. En 2024 me sacaron el subsidio, y tuve que pedir un préstamo que hasta el día de hoy sigo pagando”, dice.
Según el Instituto de Energía de la Universidad Austral, el saldo positivo del comercio exterior energético superó los US$ 6.900 millones de dólares durante el primer semestre del año. Ese resultado, sin embargo, no dice cuánto cuesta mantener una casa caliente ni qué parte de una jubilación se lleva la factura de gas.
Para Celsa, la cuenta termina en una estufa apagada.
Empresas ricas y usuarios pobres
A Florencia Jerez, empleada, quien vive con su mamá y su hija en Lomas de Zamora, le ocurrió algo similar. “Nos empezaron a llegar boletas de luz impagables. Hicimos el reclamo, pero igual tuve que pedirle prestada la tarjeta de crédito a mi hermana para levantar la deuda en cuotas. No puedo dejar de cocinar o calefaccionar, porque entonces mi hija se enferma”, señala.
El artesano Eduardo Latorre fabrica juguetes de madera en su casa del barrio de Colegiales y la electricidad le representa un costo cada vez mayor, que no puede trasladar a los precios. “A veces siento que trabajo sólo para pagar las cuentas”, relata.
En los hogares de Speziale, Jerez y Latorre, las dificultades para pagar los servicios se traducen en limitaciones al consumo o deudas. Esa diferencia también importa al medir la pobreza energética: una factura baja puede reflejar que alguien dejó de calefaccionarse, refrigerar o iluminar su vivienda.
Aunque no existen cifras oficiales, debido a que el INDEC no mide la pobreza energética, un estudio del CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata), señala que a fines de 2024, un 27% de los hogares estaban en pobreza energética, ya que destinaban más del 10% de sus ingresos al pago de servicios de luz y gas.
En tanto, un informe más reciente del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET estima que ese porcentaje alcanzaría al 37%, con una incidencia mayor en los hogares encabezados por mujeres.
Esto ocurre mientras las empresas energéticas y de servicios públicos como YPF, Pampa Energía, TGS, TGN y Transener mostraron ganancias y balances positivos en la Bolsa de Comercio al ritmo de la recomposición tarifaria impulsada por el gobierno nacional y la suba de los precios internacionales de los combustibles como consecuencia de los conflictos bélicos en Medio Oriente.
Aumento de tarifas y quita de subsidios
El fenómeno de la pobreza energética no es nuevo, pero se acentúa cada vez que el Estado decide elevar las tarifas o quitar los subsidios energéticos.
El informe del CEDLAS, basado en la encuesta de gastos de los hogares del INDEC, evidencia que los aumentos tarifarios de 2015 y desde 2024, combinados con la quita de subsidios, son determinantes en el aumento de la pobreza energética por ingresos en Argentina. Mientras que en 2014-2015 se registraba un mínimo del 4%, la eliminación del subsidio universal provocó un incremento constante que alcanzó el 20% a fines de 2017 y escaló al 27% para finales de 2024.
“Técnicamente, si un hogar gasta más del 10% de sus ingresos en energía para calefaccionarse, refrigerar o cocinar alimentos, está en pobreza energética y eso condiciona su acceso a otros bienes y servicios como la salud, la educación, el transporte o esparcimiento”, explica Rodrigo Durán, integrante del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) de la Universidad de Salta e investigador del CONICET y la CEPAL. “La quita de subsidios y beneficios por zonas frías o cálidas no se ve reflejado en toda su magnitud debido a que el INDEC no actualiza su canasta de consumo de los hogares desde 2004 y hoy se sabe que la incidencia de los servicios es mayor que hace 20 años”, advierte Durán.
En tanto, las fallas y cortes energéticos constantes o prolongados son también un indicador de pobreza energética. En zonas altamente pobladas o con deficiencias de infraestructura, los “apagones” condicionan las actividades cotidianas y hasta la propia supervivencia, en el caso de las personas electrodependientes.
"Si un hogar gasta más del 10% de sus ingresos en energía, eso condiciona su acceso a otros bienes"
“Existen otros indicadores de pobreza energética como las condiciones de la vivienda (en general, las personas de menores ingresos viven en hogares y usan electrodomésticos con baja eficiencia energética) y también la “privación autopercibida”, señala Durán. “No existen datos a nivel nacional, pero una encuesta que hicimos en Salta arrojó que el 48% de los hogares declaró que dejó de utilizar energía debido a su costo, o utilizan soluciones riesgosas o precarias como quemar biomasa para calefaccionarse o mojar las paredes para refrigerarse”.
Vaca Muerta y la promesa exportadora
Mientras uno de cada cuatro hogares afronta deudas y privaciones para pagar los servicios, la expansión de Vaca Muerta transformó a la Argentina en un país exportador de energía.
El punto de inflexión fue el año 2011, cuando la petrolera nacional YPF comenzó, junto a otras compañías internacionales, su explotación comercial. Esta formación de 33.000 km2 que ocupa gran parte de Neuquén, y algo de Río Negro, La Pampa y Mendoza, es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.
Hasta entonces, Añelo era un pueblo de mil habitantes en el desierto patagónico. Hoy, con más de 15 mil pobladores permanentes, es el epicentro de una quimera que atrae negocios en todos los rubros.
Y sin embargo, en la llamada “Dubai Argentina” entre 800 y mil familias aún esperan una conexión de gas natural para capear el riguroso invierno, según una investigación del colectivo Periodistas x el Planeta.
Entre el sinceramiento y el tarifazo
En Argentina las tarifas energéticas varían entre provincias debido a las diferencias en los costos de distribución local (VAD) y la carga impositiva que aplica cada jurisdicción.
Así, el mapa de la brecha energética -al igual que la pobreza multidimensional- muestra el contraste de la pobreza de energía en el Norte, un nivel de bienestar relativo en la Patagonia y una zona central (principalmente la provincia de Buenos Aires) en vulnerabilidad, expuesta a los vaivenes en las políticas de subsidios y compensaciones por "zonas frías".
Para Emilio Apud, ex secretario de Energía (2001) y consultor de la Fundación Libertad y Progreso, “el precio base de la energía en Argentina empieza a reflejar sus costos reales tras años de distorsión tarifaria por políticas que terminaron descapitalizando al sector”. “En los próximos años, cuando se terminen los subsidios, se reduzcan los impuestos y se invierta en producción y transporte, se alcanzarán valores más competitivos y acordes con un uso racional y eficiente de la energía tanto en hogares como en entornos productivos”, señala el consultor.
Desde la mirada de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la economista Guillermina French retruca: “La política energética actual está diseñada para acoplar el precio de la energía local a los valores internacionales. Esto impacta en el bolsillo de los usuarios y la competitividad de la industria, mientras se promueven proyectos que van en contra de las políticas climáticas y del cuidado del ambiente, dejando de lado el desarrollo y el abastecimiento energético de las argentinas y argentinos”.
"Hoy se promueven proyectos en contra de las políticas climáticas y de cuidado del ambiente, dejando de lado el desarrollo y el abastecimiento energético del país"
Apostar a los fósiles en tiempos de crisis climática
Actualmente se extraen de Vaca Muerta más de 320.000 barriles de petróleo diarios, e YPF estima llegar a la meta de 1 millón de barriles diarios en los próximos años. En cuanto al gas, actualmente se extraen 20 millones de m3 por día y la compañía de bandera espera consolidar el autoabastecimiento para ser un exportador global de GNL (Gas Natural Licuado) antes de que termine la década.
“Éramos un país con petróleo, y vamos camino a ser un país petrolero”, se entusiasmó Horacio Marín, CEO de YPF, en una entrevista televisiva por C5N, en la que también elogió los beneficios del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) “ya que brinda estabilidad jurídica y fiscal para que vengan capitales”.
La discusión sobre las tarifas también abre un debate sobre las inversiones. En ese punto, los incentivos estatales a los proyectos energéticos y mineros enfrentan evaluaciones distintas sobre sus beneficios económicos y sus costos fiscales y ambientales.
Desde el Observatorio del RIGI, integrado por académicos y organizaciones ambientales, advierten que lejos de promover nuevas actividades o diversificar la estructura productiva y la matriz energética, este esquema sólo beneficia a sectores extractivos concentrados que aumentan su rentabilidad gracias a la desprotección de los glaciares, el agua y los ecosistemas.
“Además de su elevado costo fiscal -el Estado deja de recaudar impuestos para promover inversiones que en su mayoría ya estaban en marcha o se iban a realizar de todos modos-, la expansión del RIGI fue acompañada por una serie de regresiones en materia ambiental”, señala Ariel Slipak, economista e integrante del Observatorio.
“Proyectos como los de Vaca Muerta en Neuquén, el litio en la Puna o la producción de gas licuado en el Golfo San Matías necesitan la flexibilización de normas ambientales y laborales para abaratar costos y ser rentables a contramano de la necesaria transición hacia energías renovables que exige la actual crisis climática”, apunta Slipak. “Y lo peor es que esa abundancia energética no se traduce en tarifas más accesibles para la población. Por el acople con los precios internacionales, vamos a pasar más tiempo de nuestra vida trabajando para pagar las facturas de luz y de gas”, vaticina.
Propuestas para reducir la brecha energética
Las diferencias de diagnóstico se trasladan a las soluciones. Para Emilio Apud, los subsidios tarifarios “constituyen una distorsión económica sostenida por el conjunto de la sociedad y deben evolucionar hacia un subsidio focalizado en los hogares que no puedan afrontar la tarifa plena por su nivel de ingresos”, propone.
"Los subsidios deberán reducirse y focalizarse en aquellos hogares que no pueden pagar la tarifa plena. El resto de los usuarios deberán pagar el costo real de la energía y esto impulsará un uso más eficiente"
“El resto de los usuarios deberán pagar el costo real de la energía y esto impulsará un uso más eficiente y responsable mientras se avanza en una transición energética hacia fuentes más limpias y renovables que llevará al menos 50 años. Esa es la ventana de oportunidad para poner en valor nuestros recursos de gas y petróleo”, sostiene.
Guillermina French, en cambio, señala que “los subsidios y compensaciones por zonas climáticas son un alivio temporal, pero superar la pobreza energética requiere concebir a la energía no como una mercancía sino como un vector de derechos humanos y bienestar”. Según la especialista de FARN, “la solución requiere una transformación del sistema energético sustentada en la mejora de las redes de transporte y la descentralización de la matriz”.
Entre las principales estrategias French enumera: el fomento a las energías renovables distribuidas -como paneles y calefones solares en escuelas y viviendas-, programas de eficiencia energética mediante el aislamiento térmico y el reemplazo de electrodomésticos, y la realización de campañas de uso racional.
Finalmente la especialista destaca que es preciso llevar adelante una transición justa e inclusiva hacia las energías limpias y renovables, con un Estado que priorice las necesidades humanas por encima del equilibrio fiscal o las ganancias corporativas.
Mientras la transición se lleva a cabo, para Florencia, Celsa, Eduardo y millones de usuarios más, la necesidad es inmediata: poder pagar las cuentas sin endeudarse y sin dejar de cocinar ni calefaccionar sus hogares.
